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Cambios en la Justicia

La denominada “Reforma judicial” aprobada hace días en el Congreso Nacional, incluye la sanción de seis nuevas leyes que cuentan con distintos objetos y alcances. Aquí, un repaso por los puntos fuertes de los proyectos.

Por Leandro Banegas*

De este modo se reforman las cuestiones relativas a: el ingreso de nuevo personal a Juzgados, la obligatoriedad en la presentación de declaración jurada de funcionarios públicos (incluyendo a jueces y funcionarios judiciales), la publicidad de las sentencias judiciales (su publicación en una página web), la ampliación de miembros del Consejo de la Magistratura, la creación de una nueva instancia en la Justicia Nacional y el límite de las medidas cautelares contra el Estado Nacional. Desmenuzando cada una de las normas se encuentra una seria lesión a varios derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional. La más grave, flagrante e irreparable es el ataque deliberado a la división republicana de poderes.

Desde el colegio nos enseñan la más elemental y fundamental división del estado entre poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estableciéndose la total independencia de cada uno de ellos para mantener la salud institucional de nuestro país. Ahora bien, bajo el rimbombante título de “democratización de la justicia” el gobierno no hace más que borrar de un plumazo la independencia del Poder Judicial y atarlo a elecciones político-partidarias.

Con ello, la elección de los miembros va a ser por el voto popular conjuntamente con las elecciones presidenciales. Ello significa que no va a haber un control recíproco entre los tres poderes del Estado sino que la Justicia estará manejada y digitada por el poder político de turno. Dicho de un modo más simple, el poder político va a decidir quienes serán los jueces, su mantenimiento en el cargo y sanciones, generando un órgano judicial manejado a su antojo por la Presidente.

El mecanismo que lleva a esta dependencia anticonstitucional consiste en la ampliación de la cantidad de miembros del Concejo de la Magistratura (órgano hasta hoy independiente que decide sobre las cuestiones relacionadas con la organización de la Justicia) de los 13 actuales a 19, y que la totalidad de ellos sean elegidos en elecciones y representando todos ellos a un partido político. El partido que gane las elecciones tendrá entonces su mayoría en este consejo para manejar la justicia a su antojo.

Otra de las leyes impone el límite temporal en medidas cautelares contra el estado. Si bien de trata de una norma aparentemente ligada solo con la técnica jurídica, la misma tiene nombre y apellido: la causa Clarín. Luego de que por medio de una medida cautelar (sería una resolución que suspende los efectos de una ley hasta que la Justicia decida sobre el fondo de la cuestión) el grupo mediático lograra suspender la aplicación de la Ley de Medios, el Poder Ejecutivo remitió este proyecto por medio del cual el Estado Nacional no puede ser “victima” de estas cautelares por más de 6 meses.

Esta es otra barbaridad jurídica que viola los derechos de los ciudadanos al poner en un rango superior al Gobierno respecto de la gente común. Esto es que si la medida es contra el Estado la misma es limitada, mientras que si es entre particulares no existe limitación alguna y las cautelares pueden durar años.

Sin adentrarme en cuestiones jurídicas específicas ni en el análisis de las otras leyes que también son violatorias de la Constitución Nacional, se puede concluir sin temor a exagerar que esta batería de Leyes hiere gravemente a nuestra República. Si se mantienen en el tiempo estas normas ya no habrá independencia de poderes, ni igualdad ante la Ley, ni seguridad jurídica, y en definitiva los actos de gobierno no tendrán ningún tipo de límites.

En definitiva todo se circunscribirá a la caprichosa decisión del Presidente de turno (la actual y cualquiera que venga luego). Pero aún queda una esperanza: que la Corte Suprema de Justicia declare su inconstitucionalidad y con ello pueda encararse una seria revisión de esta norma hecha a medida para el poder político. En síntesis, se leerá lapidario pero es real: con esta reforma no hay justicia.

*Abogado, ex concejal de la UCR.

(Nota de opinión de la edición Nº 19, mayo 2013)