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Decisiones

La legalización no implica el incremento de abortos, como una especie de “moda”, sino que significa brindarle los medios para una intervención segura a aquella mujer que ya tiene una decisión tomada y piensa llevarla a cabo de todas formas.

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Por Luciana Martínez*

El 1 de noviembre de 2011 año se abrió el debate en el congreso sobre el aborto, siendo un tema bastante polémico y movilizante el trato que recibió por parte de los medios de comunicación con más audiencia, que oscilaron entre lo nulo y lo superficial. Claramente, se trata de un tema que incomoda a la hora de definir abiertamente una posición al respecto, por temor a la condena pública.

Para hablar con más información, es necesario puntualizar que actualmente en Argentina la irrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido, es considerado un delito descripto en el título I, capitulo I “delitos contra la vida”, del Código Penal Argentino, que por otro lado, establece excepciones a su punibilidad:

*En caso de que se haya llevado a cabo para evitar el peligro de la vida o la salud de la madre, y que este peligro no pudiese haber sido evitado por otros medios.
*Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una persona idiota o demente (sobre este punto se debe resaltar que en la práctica los fallos de los jueces demoran tanto que resulta imposible realizar la intervención, ya que a esa altura los embarazos se encuentran muy avanzados).

Despenalización/legalización

Para entender qué es lo que se reclama, hay que diferenciar la despenalización de la legalización del aborto. La primera implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como un delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente y sólo debieran castigarse los abortos realizados contra la voluntad de la mujer.

La legalización significa modificar Leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas, para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que debe asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres. Esto no implica el incremento de abortos, como una especie de “moda”, sino que significa brindarle los medios para una intervención segura a aquella mujer que ya tiene una decisión tomada y piensa llevarla a cabo de todas formas.

Hay una realidad, y es que las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte por gestación en Argentina desde hace más de veinte años, sobre todo entre las mujeres más pobres, e incrementándose en los últimos diez años la tasa de mortalidad materna. Por lo tanto, es necesario apalear el problema existente dejando de criminalizar a la mujer y brindando aptas condiciones para que esta práctica, independientemente de cuáles sean los motivos personales que la impulsen, se realice de manera segura.

Porque nadie tiene derecho de ninguna manera a decidir sobre la vida y el cuerpo de quienes han decidido irrumpir un embarazo. No se trata de nuestras creencias, sino de respetar su libertad de elegir. Y muchas de las personas que insisten en defender esa vida intrauterina, luego del nacimiento muy poco les interesa bajo qué condiciones se desarrolla esa existencia y de la persona que fue obligada a gestarla y darla a luz. En tanto, la penalización del aborto es, además de una violación a los derechos de las mujeres, una injusticia social, porque pagan siempre las más pobres**.

* Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA.
**Fuente: Doc. de Adhesión Facultad Cs. Soc. UBA y sitios vinculados a la temática.

(de la edición Nº 2, diciembre 2011)