Combates por la memoria

Por Emiliano Maglione*

El silencio y el secreto a voces. El golpe militar de 1976 llega para darle impulso a un sistema capitalista en crisis, con el objetivo de imponer un modelo económico y social neoliberal.

Éste fue posible gracias al apoyo de distintos sectores de la sociedad. El brazo ejecutor, encarnado en la figura de los militares, contó con el sostén de instituciones representativas del empresariado, personificado en Martínez de Hoz pero también con gran parte de la cúspide de la iglesia católica, los partidos políticos enfrentados con el peronismo y de los sectores más tradicionales de la sociedad argentina.

Gran parte de la clase media vio en este golpe la posibilidad de recuperar un “orden”, no sólo en el espacio político sino también en ámbitos más cotidianos. Otros, probablemente, lo identificaron con experiencias anteriores, quizás, sin imaginar la magnitud que éste cobraría. En abril de 1977, catorce madres de personas secuestradas comenzaron a reunirse los jueves en Plaza de Mayo. Así se gestó Madres de Plaza de Mayo, pero hasta 1978 las organizaciones actuaron de forma aislada.

Fue en el año en el que se disputó el Mundial en nuestro país cuando dichas organizaciones comenzaron a articular sus acciones: presentación de habeas corpus, solicitadas en los medios, difusión en el exterior, entrevistas con militares, eclesiásticos y personalidades reconocidas. Durante los años de la dictadura, la clandestinidad del accionar, sumado a la propaganda oficial y a la manipulación de la información, permitió que cada uno construyera una realidad a su medida. Aquí cumplieron un papel fundamental los grandes medios de comunicación que apoyaron el gobierno de facto instalando el miedo (especialmente Clarín, La Nación y La Razón).

Para 1976, las organizaciones armadas estaban prácticamente diezmadas. Gran parte de la sociedad se llamó a silencio, culpabilizando a las víctimas bajo frases como “algo habrán hecho”, “por algo será”. Por razones de espacio no voy a extenderme en su historia particular y ni en su lucha. Para dar un panorama de la violencia que el terrorismo de Estado volcó sobre dichas organizaciones voy a dejar algunas estadísticas. Entre julio y agosto de 1974 se contabilizó un asesinato de la triple A cada 19 horas.

Para septiembre de 1974 habían muerto, en atentados de esas organizaciones, alrededor de 200 personas (…) A partir del 24 de marzo (…) en poco meses, las fuerzas armadas destruyeron casi totalmente al ERP y a las regionales de Montoneros que operaban en Córdoba y Tucumán. Los promedios de violencia de ese año indicaban un asesinato político cada cinco horas, una bomba cada tres y 15 secuestros por día, en el último trimestre del año.

La inmensa mayoría de bajas correspondían a los grupos militantes: sólo Montoneros perdió, en el lapso de un año, 2 mil activistas, mientras que el ERP desapareció (…) Además , según informes de Amnistía Internacional, existían entre 5 y 6 mil presos políticos en el país.

Publicación del horror, juicios y leyes de punto final y obediencia debida

En 1983 se convoca a elecciones democráticas. Para ese entonces, los organismos de derechos humanos trataron de comprometer a los candidatos con la investigación y el castigo a los culpables. Raúl Alfonsín, candidato de la UCR, quien había colocado el tema en el centro de su campaña, resultó electo pero su visión no coincidía con la de dichos organismos. De esta manera, sin tener en cuenta los conflictos anteriores al golpe y su contexto político, social, económico e ideológico (y teniendo que ceder ante presiones de diferente sectores), Alfonsín consideró responsables a las cúpulas militares y guerrilleras.

Por esto ordenó el arresto de quienes lideraban estas organizaciones y de los miembros de las tres juntas. Al mismo tiempo se creó la CONADEP, integrada por diferentes referentes del ámbito cultural. El informe final fue entregado al gobierno el 20 de septiembre de 1984 y desnudaba la brutalidad del golpe con datos siniestros: el funcionamiento de alrededor de 550 campos de concentración o centros clandestinos por todo el país, cerca de 500 niños y niñas —algunos nacidos en cautiverio— fueron apropiados y entregados en adopción y miles de personas desaparecidas.

El Juicio a las Juntas fue público y culminó en 1985 con la condena de Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a cadena perpetua. Roberto Viola, a diecisiete años de prisión, Armando Lambruschini, a ocho años y Orlando Agosti, a cuatro. Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna y Jorge Anaya fueron absueltos. En el marco de levantamientos militares que hacían temblar la joven democracia, Alfonsín decide finalizar el proceso de juzgamiento y, en diciembre de 1986, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, ambas repudiadas por los organismos de derechos humanos.

Golpe de Mercado/Mediático a Alfonsín e Indulto y lucha contra el olvido

Los últimos años de gobierno de Alfonsín no fueron fáciles ya que los sectores del poder económico concentrado, consolidados durante la dictadura, generaron, a través de corridas, suba de precios y especulaciones, una hiperinflación que se iba traduciendo en crisis. Todo esto fue acompañado de una fuerte campaña lanzada desde los grandes medios de comunicación que generaban desde su lugar un clima de malestar e inseguridad. Principalmente, desde Clarín, propagandista y cómplice de la dictadura que, dicho por el propio Magnetto, veía en el presidente democrático “un estorbo”.

En medio de una tremenda crisis económica, Raúl Alfonsín se vio obligado a entregar el poder al candidato electo Carlos S. Menem. El nuevo presidente, de extracción justicialista, había sido gobernador de La Rioja en 1973 y luego en los ‘80. Venía de una fuerte tradición militante, ligado a la “tendencia”. Esto le valió en 1976 quedar preso de la Marina. Volviendo a su presidencia, asume prometiendo “Revolución productiva” y “Salariazo”, pero se volcó hacia una política decididamente neoliberal que terminaría de consolidar el modelo impuesto por la dictadura.

La discusión entre los que promovían la salida de la crisis a través de un Estado intervencionista y los que creían que esta se conseguía a través de un Estado mínimo se decidió por éstos últimos que aceptaron el “Consenso de Washington”. Así, las recomendaciones del FMI, del Banco Mundial, de bancos privados transnacionales y de “especialistas” en Economía, apoyados por EE.UU, se impusieron: reducción del gasto público, apertura del comercio exterior, privatizaciones, desregulación de los mercados, etc.

En este marco y volviendo a nuestro tema, la primera mitad de los ‘90, fue de retraimiento de las luchas sociales y de desaliento para los organismos de derechos humanos. La desocupación, la pobreza, la precariedad laboral y la exclusión social empezaron a sentirse en la segunda mitad de esta década y esto generó nuevas formas de organización y protesta. En este clima de tensión social, muchos organismos se fortalecieron y agrandaron. La agrupación HIJOS, creada en 1995, implementó una nueva forma de lucha: el “escrache” público. En 1996, en Cutralcó, Neuquén, comenzaron a aparecer los primeros piquetes.

En el plano legal se encontró una brecha que permitió el juzgamiento y el re-encarcelamiento de varios militares al acusarlos de “sustracción de menores”. También en 1995 comenzaron los llamados juicios por la verdad que, si bien no pudieron condenar a los responsables, significaron un importante hito en la lucha contra el olvido y la impunidad.

Siglo XXI: crisis, superación y los DD.HH como política de Estado

Vale recordar que la política menemista, sustentada en la ideología neoliberal, tuvo continuidad en La Alianza (UCR y FREPASO) que gana las elecciones de 1999 con Fernando De la Rúa a la cabeza. Pero todo concluye trágicamente en diciembre del 2001, cuando estalló una de las crisis más profundas de nuestra Historia: piquetes, cacerolas, “que se vayan todos”, represión, muerte, hambre, corruptos y cobardes en helicóptero, “1000 presidentes en un año”.

La transición estuvo a cargo de Duhalde; responsable político de las muertes de Kosteki y Santillán durante el estallido de la crisis. El 25 de Mayo del 2003, asume la presidencia Néstor Kirchner dando comienzo a un periodo de recuperación y de grandes avances, sobre todo en el terreno de los DDHH: derogación de las leyes de impunidad, reapertura de los juicios, resignificación de centros clandestinos convertidos en espacios de memoria y acompañamiento a distintos organismos de Derechos Humanos.

Fue en este marco de lucha por la memoria que se intentó frenar dicho proceso con la desaparición de Julio López, testigo clave en una causa por delitos de lesa humanidad. En la misma dirección que el gobierno de Kirchner, pero con una profundización del modelo económico, social y político, se encaminará desde el 2007 el gobierno de Cristina Fernández, que será reelecta en 2011 por una amplia mayoría.

Palabras finales

Lo que trata de hacer el presente trabajo es observar el panorama coyuntural de los últimos 40 años. En él se buscó desarrollar las políticas de memoria o de olvido según el momento político e histórico. Por ejemplo, el juicio a las Juntas o la derogación de las leyes de impunidad son claras muestras de que en esos momentos se libraron, en nuestro país, “combates por la memoria”.

Por otra parte, los indultos son un ejemplo concreto de medidas que se toman para consolidar el olvido y la impunidad. En ese sentido y como sujetos históricos ¿Qué papel jugamos o queremos jugar como ciudadanos de Lobos y con tres desapariciones a cuestas? ¿Memoria y justicia u olvido e impunidad?

*Estudiante del Profesorado de Historia de la UNLP.

(de la edición Nº 29, marzo 2014)